Luego de una larga noche de veinte años de neoliberalismo, un colonialismo de quinientos años y casi doscientos de república sumida en el retraso, el subdesarrollo y el sometimiento a intereses del imperio, el año 2006 Bolivia despierta a la justicia social, haciendo ciudadanas y ciudadanos a todos sus habitantes, otorgando derechos y dignidad a la mayoría de la población que históricamente le fueron negados.
Transcurridos catorce años de esfuerzo por un Estado Plurinacional con justicia e inclusión social, años de proceso de cambio por la soberanía y la dignidad de los pueblos indígenas, años de libertad y democracia, la derecha retrograda, racista e intolerante ante el liderazgo de un indígena como Evo Morales, luego de intentos separatistas y arremetidas perversas previas, bajo el mando del gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del comité cívico de Santa Cruz y a través de sobornos cuantiosos a los mandos de la policía y las fuerzas armadas, logra perpetrar el golpe de estado en noviembre del 2019.
Vale mencionar la participación de una incipiente y emergente, o pretendida, clase media, alentada por los operadores políticos de la derecha en manifestaciones urbanas en contra del gobierno y el Movimiento al Socialismo, una clase media que surge de las clases sociales empobrecidas durante el neoliberalismo que, de una u otra forma, añoran ser clase alta y desprecian al indígena en una actitud de desclasamiento, movilidad social que justamente se da gracias a los logros económicos del gobierno de Evo Morales, que dio la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos y mejorar los ingresos individuales y familiares.
El golpe de estado, a la usanza de los años setenta del siglo pasado, violó toda normativa interna e internacional relativa a resguardar los derechos, humanos, cometiendo crímenes internacionales de lesa humanidad; un claro ejemplo es aquel decreto firmado por la presidenta de facto Añez, que permite la impunidad de los mandos militares por hechos que pudieran cometer en el futuro, expidiendo en la práctica una licencia para torturar, apresar, reprimir y disparar en contra del pueblo boliviano. Caracterizan al golpe, la violencia, muerte, persecución y detenciones indebidas y arbitrarias, allanamientos y amenazas permanente, ejerciendo un terrorismo de Estado en contra de la población que salía en protesta, de exautoridades de gobierno y militantes que se manifestaban en redes sociales. Además de actos que tocaron la dignidad de los pueblos indígenas como quemar símbolos milenarios como la wiphala e imponiendo la biblia al ingresar a palacio de gobierno. Paralelamente, desde el día uno del golpe se fue desmantelando el Estado con actos de corrupción sin el menor escrúpulo, la rapacidad entró en escena de manera voraz en todas las instituciones públicas.
La autonombrada presidenta, que no es tanto, es simplemente una marioneta sin formación política ni personalidad, fue y es utilizada por los hilos del imperio norteamericano y unos cuantos operadores de derecha, nombra en cargos públicos a personas sin conocimiento de la administración pública ni de la realidad del país en puestos claves, el resultado: deficiencia y corrupción. Una vez expandida la pandemia en Bolivia, las políticas de salud pública son inexistentes, y se abre un escenario propicio para la corrupción a nombre de frenar la pandemia. Definen no llevar adelante las elecciones fijadas para el mes de mayo, la extensión del supuesto gobierno transitorio obedece a no devolver en democracia el poder del Estado, esto significa que las hordas golpistas continuarán saqueando las arcas del Estado como nunca se había imaginado y, por otro lado, sustentar el mandato del gobierno de E.E.UU. para otorgar la explotación de los recursos naturales y, principalmente, la reserva de litio más importante en el mundo.
Bolivia hoy está sumida a una condición económica depauperada como resultado de estos ocho meses de la pésima administración golpista. Se pretende, además el endeudamiento que hará volver a la dependencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, recursos que no se sabe donde irán a parar, como no se sabe cual la suerte que corrieron las donaciones recibidas de diversos organismos y países a nombre de paliar la pandemia.
Se paraliza la inversión pública a diferentes proyectos de desarrollo, también se paralizan los bonos sociales, como el bono Juana Azurduy que beneficiaba a las mujeres embarazadas, el bono a las personas con discapacidad, que por supuesto esto tiene un efecto negativo para el movimiento económico del país.
Se paraliza la transferencia para el sistema único de salud que fue una conquista del pueblo boliviano, se retorna a las políticas neoliberales, con clara intencionalidad se reduce el 83 % de lo ingresos por adeudos tributarios, que favorece a ciertos grupos económicos, condonando deudas tributarias, las empresas privadas se benefician con la terciarización de servicios, como en YPFB, se firman contratos que afectan a la economía estatal, con fuerte impacto para los municipios y universidades públicas por las regalías de los hidrocarburos. El crecimiento del PIB se reduce del 4% del 2019 al 2% el 2020, en abril de este año se refleja una caída rotunda de la economía, o un retroceso de menos cero cinco por ciento -05, 6 %, valor más bajo registrado en términos de crecimiento económico o más bien de decrecimiento, o sea, depresión económica por el mal manejo.
El móvil del golpe de Estado, es simple, el interés económico de la clase dominante, pues hoy se favorece a sectores empresariales y, por supuesto, a los intereses del imperio norteamericano que se llama litio.
La economía de Bolivia, hoy por hoy, atraviesa una de las crisis más profundas, golpeada por ambos flancos, el desgobierno como tal, por un lado y la pandemia por otro. La desocupación ha alcanzado índices no registrados, ya que la mayoría de la población económicamente activa produce y reproduce sus ingresos por cuenta propia, pequeños productores, comerciantes, transportistas, emprendedores, artesanos, agricultores, etc. Parado el país en cuarentenas necesarias e innecesarias, ha tenido un rebote catastrófico en las familias bolivianas.
No existe planificación en la guerra contra la pandemia. La población librada a su suerte en cuanto a tratamientos, internaciones hospitalarias, sin insumos, ni respiradores, un caos total, máxime que en este breve tiempo han pasado tres ministros de salud, actualmente el interino en la cartera de salud es el ministro de defensa, abandono del Estado ante esta situación, al colmo de haber negociado con un alto cinismo los precios de los respiradores, los negocios están por encima de la vida de las y los bolivianos.
Otro elemento fundamental en el peor momento es la utilización de un supuesto control al avance de la pandemia, que no es tal, sino más bien un engranaje utilizado por el aparato golpista para el uso ilimitado de la fuerza, las amenazas permanentes a la población, la persecución, conculcando libertades constitucionales; es decir, la pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno de facto evitando la organización y reorganización del pueblo descontento con el régimen. Esto implica el prorroguismo y que se siga alimentando el apetito voraz de la corrupción. En este escenario las elecciones postergadas para el mes de septiembre corren el riego de ser postergadas nuevamente.
Bolivia requiere con ansias un estado de derecho, y se sabe que al gobierno que asuma el poder por decisión democrática, le queda una tarea muy complicada, la de levantar el devastado Estado boliviano. El daño está hecho.
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